Política Pública Alimentaria para Colombia en el Marco del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas y por la Defensa de la Soberanía y las Autonomías Alimentarias.

DOCUMENTO DE POSTURA

Las organizaciones campesinas, populares, urbanas, de mujeres, no gubernamentales, consejos comunitarios, universidades, redes regionales y movimientos sociales, reunidos los días 6 y 18 de octubre en los foros realizados por la defensa y reivindicación del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuada, convocados por la Red Nacional de Agricultura Familiar RENAF y FIAN Colombia, definimos los siguientes planteamientos sobre el contexto y elementos mínimos de enfoque y contenido de la política pública alimentaria para el país en el momento actual.

Afirmamos que el tema alimentario no es ni puede entenderse desde un enfoque de seguridad alimentaria que restringe la construcción y acción de la política pública al plano del acceso, sino que debe entenderse en el marco del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas y sus escalas de realización efectiva. Esto con el fin de tener en cuenta y abordar la complementariedad del proceso alimentario que incluye la producción/acceso, consecución, transformación, intercambio/distribución, consumo y nutrición/aprovechamiento biológico, así como los enfoques transversales de soberanía y autonomías alimentarias en un horizonte de vida digna o buen vivir.

La crítica situación alimentaria en nuestro país es el resultado de tensiones por la disputa en el control de los bienes naturales en la producción de alimentos; el control de los medios de producción en la transformación; del uso del suelo para las distintas formas de distribución de los alimentos provenientes de la agricultura familiar campesina y comunitaria en condiciones de autonomía, justicia y equidad; así como la homogenización de la dieta y la manipulación del consumo por parte de diversos actores mediáticos que influencian el consumo de comida procesada en nuestra población.

Esta disputa se refleja en el control territorial y la concentración de la tierra por parte de explotaciones mineras, agroindustriales, ganaderas y energéticas; el desvío de fuentes de agua; las fumigaciones contra cultivos y personas y el uso de semillas manipuladas genéticamente; entre otras formas de violación del derecho a la alimentación. Estas situaciones, han llevado a la pérdida de la vocación agrícola, desplazamiento de comunidades, contaminación del agua y de la tierra, cambios profundos en la cultura, bloqueos alimentarios, y problemas nutricionales de todo tipo.

Frente a las exigencias internacionales y la presión de las organizaciones sociales, el Gobierno colombiano ha formulado documentos de políticas públicas de orden nacional como el CONPES Social 113 de 2008 (Política Nacional de seguridad Alimentaria y Nutricional), el plan nacional homónimo y planes departamentales de seguridad alimentaria y nutricional. Desafortunadamente, estas políticas han sido aprobadas y puestas en marcha con un enfoque que reduce el ámbito alimentario únicamente al acceso (seguridad alimentaria), creando las condiciones para una dinámica asistencialista y oportunidades para la corrupción asociada a esta. Cabe resaltar que dichas políticas carecen de participación y enfoque de derechos humanos, lo que no ha permitido que las organizaciones sociales y los / las titulares del derecho puedan re direccionarla adecuadamente y liderar procesos de rendición de cuentas y control social.

En el marco de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana, el Gobierno Nacional se comprometió a abordar el tema alimentario desde la perspectiva del derecho, abriendo una posibilidad enorme de entender y construir la política alimentaria en la integralidad que supone este enfoque de derechos. Así pues, se propuso poner en marcha el Sistema Especial para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación, en el marco de los Planes Nacionales de Reforma Rural Integral. El Sistema, entre otros mecanismos, establecerá los Consejos Departamentales y Municipales de alimentación y nutrición, con representantes del gobierno y de las comunidades, con el fin de proponer y participar en la definición de lineamientos y puesta en marcha de políticas alimentarias y nutricionales. Esto con la idea de que se materialicen en planes departamentales y locales. Si bien hasta el momento no ha habido ningún ejercicio participativo en el que el Estado permita que las organizaciones sociales definan dichos lineamientos, esperamos que los elementos que aportamos a continuación sirvan para concretar lo pactado en el Acuerdo de Paz.

En ese sentido, nuestras apuestas por una producción más digna deben construirse con:

El reconocimiento de las culturas campesinas y étnicas en términos de formas tradicionales de conocimiento e innovación propias, colectivas y asociativas de propiedad de la tierra y gestión de los bienes naturales.

La diversificación de la producción y reproducción bajo modelos sustentables y armónicos con la naturaleza y la cultura de las poblaciones tales como la agroecología.

La posibilidad de custodiar, reproducir, sembrar e intercambiar las semillas campesinas y criollas, sustento de una propuesta de soberanía alimentaria. .

El apoyo a proyectos productivos con asistencia técnica integral, diferencial y poblacional.

El respeto por nuestras propias formas de organización y control territorial como lo son las Zonas de Reserva Campesina, los Territorios Campesinos Agroambientales, las Zonas Agroalimentarias, los resguardos indígenas y consejos comunitarios, entre otras figuras territoriales.

El reconocimiento y empoderamiento de las mujeres campesinas, indígenas y afro, así como de las y los jóvenes de nuestras comunidades como sujetos sustanciales para garantizar nuestra permanencia cultural, social, política y económica.

Promover estrategias que permitan retomar el valor sagrado de la alimentación individual y en colectivo, no simplemente a una acción para satisfacer el hambre, sino como el espacio para el compartir, construir conocimiento y consolidar valores alrededor del alimento.

Frente a la transformación de los alimentos proponemos: reconocer, incentivar y proteger las formas de producción artesanal, mediante una asistencia técnica integral y propuestas de normativas diferenciales que tengan en cuenta las condiciones, culturales, sociales y económicas en las cuales se realizan estas transformaciones por parte de las comunidades campesinas, indígenas, afro y populares urbanas.

Creemos que la comercialización es tan solo una de las formas de intercambio y distribución de alimentos que tienen las comunidades campesinas y étnicas. Esas formas son variadas: mingas, trueques, ferias y mercados, que permiten intercambios culturales, sociales y económicos. Todas ellas deberán ser reconocidas, fortalecidas y garantizadas por el Gobierno como parte sustancial de la política alimentaria, privilegiando los circuitos cortos, locales y regionales, incentivando las formas de certificación propia, promoviendo las relaciones de corresponsabilidad y confianza entre el campo y la ciudad.

Es fundamental que las políticas alimentarias referentes al consumo no se limiten a la seguridad alimentaria. Bajo el marco del Derecho Humano a la Alimentación y la Nutrición Adecuadas, estas deben estructurar programas con lineamientos efectivos de compras institucionales, garantizando el acceso a alimentos producidos y transformados por la agricultura familiar campesina y comunitaria. Campañas de visibilización y fortalecimiento de la preparación de alimentos de origen étnico, recuperados no solo por la gastronomía de élite sino también por la cocina tradicional y popular. Fortalecer y promover la capacidad organizativa de las y los consumidores sin distinciones sociales, para así generar ejercicios de compras solidarias y colectivas de alimentos producidos y transformados por la agricultura familiar campesina y comunitaria, garantizando la comida diversa, saludable y culturalmente aceptable para todos y todas.

Consideramos que es necesario que la política alimentaria contribuya a generar parámetros e indicadores de nutrición adecuada, estableciendo relaciones claras y coherentes con otras políticas sociales de salud y educación, que sean adaptadas a formas, potencias y necesidades diferenciadas en donde se evidencie la profunda relación que tienen éstas con la alimentación. Y finalmente, establecer mecanismos y herramientas de participación reales por medio de veeduría, seguimiento y monitoreo en todas las fases (re formulación, implementación y evaluación) de la política pública.

En este sentido, los planes institucionales no han funcionado solamente por esta perspectiva mezquina de la alimentación que se restringe a resolver el acceso a los alimentos, sino también por la desarticulación de las instituciones responsables de la ejecución de la política. En este momento el país atraviesa por unas circunstancias específicas para fortalecer sus propios mecanismos de planeación desde los territorios, con figuras como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS y los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo PISDA. Todos ellos de alguna u otra manera podrían ser una oportunidad para fortalecer e implementar una institucionalidad efectiva, coherente y con recursos de ejecución concretos si se construyen desde las apuestas territoriales.

Para ello las organizaciones aquí reunidas hemos propuesto que se incorporen de manera efectiva a las instancias de participación los enfoques de integración generacional en donde los jóvenes no relevan a sus padres, madres, abuelas y abuelos sino que heredan y resignifican sus propuestas. La defensa del derecho a la vida, donde los mecanismos de participación y defensa de derechos en una perspectiva de integralidad no le cuesten la vida a las y los líderes sociales y donde se reivindica la movilización como un elemento más de la participación social. El enfoque cultural y de reconocimiento de saberes propios que entiende la participación no como una socialización sino como un diálogo y construcción conjunta. Y finalmente, desde un enfoque secuencial y de proceso, que se garantice la participación desde una visión progresiva e incluyente y no aisladora, atomizadora y desintegradora del tejido social.

Para finalizar, demandamos que se fortalezcan y protejan las instancias propias de participación como movilizaciones, consultas populares, consultas previas, plataformas sociales, redes y alianzas, desde las cuales las organizaciones campesinas, étnicas y populares han mostrado su capacidad de diálogo y construcción de propuestas donde el Derecho a la Alimentación, sea uno de los pilares para avanzar para lograr una real paz estable y duradera en Colombia,

Suscriben este documento de postura.

Consejo Comunitario Campesino Palenque Monteoscuro

FIAN Colombia

Red Nacional de Agricultura Familiar -RENAF

Asociación de Trabajo Interdisciplinario – ATI

Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí

Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA

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